Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de varios colegios religiosos de la provincia han decidido desvincularse de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa) de Málaga, tras aprobarlo en asamblea general, por la existencia de presuntas irregularidades en la contabilidad.

La primera de ellas fue la AMPA de La Asunción, el pasado 29 de octubre. Posteriormente, la siguieron la de San José de la Montaña, la de los Olivos, La Goleta, San Estanislao y Maristas.

Según publica el periódico ‘La Opinión de Málaga’, la Fecapa no ha aprobado las cuentas de los tres últimos ejercicios y sólo en el de 2006/2007 se observó un descuadre de 50.000 euros en la contabilidad aportada por el presidente, Eduardo Caro.

Así, las citadas irregularidades fueron conocidas por el Obispado, que ordenó una auditoría de la federación. Tras conocer el informe realizado por el auditor, el entonces obispo, Antonio Dorado Soto, dictó un decreto por el que le retiraba a la federación el rango de católico y le prohibía utilizar este término en su denominación.

El 29 de enero se nombró una gestora de cuatro miembros compuesta por Eduardo Caro; el hasta ahora vicepresidente, Luis Lucas; el secretario, Fernando de Laguno, y un vocal de la anterior directiva. La misión de ésta era aclarar las presuntas irregularidades, recopilar datos y documentos que pudieran justificar el descuadre de la contabilidad.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha admitido a trámite una denuncia por presunta estafa interpuesta contra Caro por el ex vicepresidente de la Federación Luis Lucas.

Por su parte, Caro explicó a Europa Press que “todavía no se ha dado ningún dato objetivo de que falte dinero por ningún sitio”. “Soy inocente y seguiré siéndolo hasta que no se demuestre lo contrario”, apuntó.

Además, manifestó que de las 86 asociaciones de padres que formaban la organización, la han abandonado entre 10 y 15, por lo que resaltó que “todavía existen 70, muchas de colegios religiosos”.

Además, respecto a la denominación ‘católica’ de la federación, indicó que Dorado Soto “piensa que cuando hizo la elección canónica en el año 1991 fue cuando nombró católica a la federación”, ante lo que explicó que “es Federación Católica de Padres de Alumnos de Málaga desde 1977 cuando el Gobierno Civil de Málaga nos autorizó a llamarnos así”.

Caro señaló que solicitó al Obispado una auditoría, en la que un economista hizo un informe en el que se recogía que “no faltaba dinero y que estaban bien cuadradas las cuentas”. (Fuente: El Mundo)

Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Vega de Infanzones (León), además de otras asociaciones y juntas vecinales, han presentado diferentes recursos en los que solicitan la suspensión de la autorización ambiental concedida a la compañía Universal de Alimentación, S.A. (Unalsa).

Esta fábrica de grasas y harinas de origen animal situada en la localidad leonesa de Alija de la Ribera genera desde el inicio de su actividad, en 1977, uno de los vertidos de aguas residuales “más contaminantes y problemáticos” de toda la cuenca del Duero, según informó Ecologistas en Acción.

Asimismo, señaló que la autorización ambiental concedida por la Junta de Castilla y León, con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), faculta a Unalsa para proseguir indefinidamente su actividad sin tener que solicitar nueva autorización de vertido de aguas residuales y sin que la CHD le imponga un condicionado que garantice, en la práctica, la regularización de los vertidos de aguas residuales.

“Todo ello a pesar de que Unalsa conforma, en palabras textuales de la Defensoría del Pueblo, un caso especialmente calificado de incumplimiento de la legalidad en materia de vertidos al Dominio Público Hidráulico del que se derivan daños muy graves”, agregó.

Del mismo modo, indicó que la compañía “contamina” desde hace más de 30 años el agua, el aire y el suelo, además de provocar un “grave deterioro” en la calidad de vida y en la salud de las poblaciones cercanas.

“Es difícil encontrar una empresa que acumule tantos incumplimientos legales, expedientes sancionadores y quejas vecinales. Es también difícil encontrar, en la tramitación de una autorización ambiental, tantos motivos de nulidad de pleno derecho como los que reúne la concedida a Unalsa”, aseguró.

“Inadmisible”

En su opinión, es “inadmisible” que se haya concedido esta autorización sin que existan informes acreditativos del cumplimiento del Reglamento (CE) 1774/2002, que establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

Igualmente, explicó que los incumplimientos se refieren al sistema de transporte, a la limpieza de los vehículos, y sobre todo, a la posibilidad de lleguen a la factoría materiales específicos de riesgos, como ya ocurrió en 2001 durante la “crisis” sanitaria de las vacas locas.

Finalmente, recordó que en el mes de diciembre de 2008 los vecinos afectados remitieron a la atención personal del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, un dossier sobre la situación de Unalsa, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta. (Fuente: El Mundo)