Las principales ONG pro derechos humanos que actúan en España han denunciado que han sido las “presiones” de China, Israel y, en menor medida, de Estados Unidos las que han acabado provocando que PSOE y PP alcanzasen un acuerdo para limitar el alcance del principio de jurisdicción universal.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación pro Derechos Humanos de España, entre otras muchas organizaciones, han presentado un manifiesto en el que defienden que “resulta ciertamente preocupante que nuestros responsables políticos hayan acordado la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los Derechos Humanos surja solamente ante los poderosos“.

Las asociaciones pro derechos humanos han subrayado que la iniciativa para limitar la justicia universal no surgió cuando se abrieron causas en la Audiencia Nacional contra los genocidios en Ruanda, El Salvador o Guatemala, sino precisamente cuando los jueces centrales de instrucción han aceptado iniciar procedimientos contra China, Israel o Estados Unidos (por el centro de detención de Guantánamo).

En este sentido, el abogado Gonzalo Boyé ha afirmado que “ha habido presiones indebidas de Israel para cambiar la legislación”, y su colega Carlos Iglesias ha asegurado que China “ha ofrecido un intercambio de prebendas económicas”.

Trece causas abiertas

La Audiencia Nacional mantiene 13 causas abiertas en aplicación del artículo 23.2 de la Ley del Poder Judicial, que dispone que los tribunales españoles serán competentes para enjuiciar determinados delitos -principalmente, crímenes de lesa humanidad- aunque los cometan extranjeros fuera de España y las víctimas no tengan ninguna relación con nuestro país.

Aprovechando el trámite de enmiendas a la ley de reforma de la Oficina Judicial, PSOE y PP pactaron limitar el alcance de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que existiese, al menos, algún “elemento de conexión” con la jurisdicción española.

Aunque esa reforma no podrá aplicarse con efecto retroactivo por imperativo constitucional y no afectará a las causas que ya están abiertas en las que falta ese “elemento de conexión” -por ejemplo, la de los bombardeos de Gaza-, sí establece un límite que no podrá rebasarse en el futuro.

El abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE y uno de los grandes impulsores en España de la justicia universal, ha explicado que la nueva normativa provocaría la “impunidad” de crímenes gravísimos en países que no reconocen al Tribunal Penal Internacional -cuya efectividad, ha subrayado, es no obstante “muy limitada”- o en los que no es posible una investigación judicial verdaderamente eficaz.

El caso de Cristina Valls

La representante de Amnistía Internacional, Giulia Tamayo, ha destacado que la única limitación que en la actualidad se impone en España al principio de jurisdicción universal -la de excluir la competencia si el país en el que se hayan producido los hechos ya lo está investigando- también puede producir “injusticias”, incluso “contra españoles”.

Así, ha recordado el caso de la activista catalana Cristina Valls, que denunció haber sido violada y torturada por la policía mexicana. La Sala Penal de la Audiencia Nacional rechazó la admisión de su querella en España con el argumento de que los tribunales mexicanos ya lo estaban investigando. Su abogada ha dicho que esa actuación fue “una farsa”.

El manifiesto de las ONG concluye que “España, país pionero y referente [...] debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los derechos humanos”. (Elmundo.es, 02.06.2009)