Atasco de puntos perdidos

La asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid incumple “en todos los casos” el reglamento de la Ley de Seguridad Vial, ya que tarda “unos tres meses de media” en notificar la retirada de puntos al registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando la legislación establece que el plazo máximo sean 15 días.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha explicado a Europa Press que la ley del carné por puntos dice que “cuando se hace firme una sanción, los ayuntamientos deben anotar la pérdida de puntos en el Registro de Conductores Infractores de la DGT en 15 días”.

“Sin embargo, revisando los expedientes hemos detectado que en el Ayuntamiento de Madrid se incumple sistemáticamente ese plazo y que se comunica la retirada de puntos en tres meses de media, llegando incluso a haber casos en los que se ha tardado siete meses”, destacó Arnaldo.

La Concejalía de Movilidad insiste en que se sigue el procedimiento establecido con la DGT y que la fecha de inscripción depende de los trámites del recurso. “Pero la fecha que se tiene en cuenta es la de la infracción”, aclaran.Para Automovilistas Europeos esta diferencia de tiempo afecta a la hora de recuperar los puntos perdidos. “En dos años el saldo vuelve a ser de 12 puntos. Sin embargo, ¿desde cuándo se computan los dos años? ¿Desde que la sanción es firme o desde que el Ayuntamiento la anota en el Registro? Hay una gran diferencia”, ha apuntado el presidente de AEA.

La segunda fórmula para recupera puntos perdidos es asistiendo a Cursos de Recuperación parcial de Puntos, si bien tampoco se aceptan las “matrículas” cuando al conductor no se le ha retirado ningún punto. “Así que hay que estar mirando todos los días cuando anota el Ayuntamiento los puntos para poder apuntarse a estos cursos”, ironizó Arnaldo.

Según AEA, en la capital hay “aproximadamente 200.000 conductores que ni siquiera saben que han perdido puntos”, ya que la notificación de la retirada se ha producido a través del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) en vez de domiciliariamente.

“Desde el 3 de julio de 2006, cuando entró en funcionamiento en España el carné por puntos, unos dos millones de personas han perdido alguno. El 10% de esas sanciones corresponde al Ayuntamiento de Madrid, y la mayoría de esas 200.000 personas ni siquiera lo sabe porque no han tenido noticia: el Consistorio de la capital no se lo comunica, sigue con el procedimiento sancionador, a los siete meses con suerte anotan la retirada y la gente ni siquiera se entera”, relató el presidente de la asociación. (fuente: elmundo.es 13/10/09)

La asociación de Alzheimer avisa: Si el Govern no nos paga tendremos que cerrar

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Mallorca (Afam) pasa por horas bajas. El Govern no sólo le ha dejado sin más de la mitad de las ayudas que le prestaba desde hacía seis años, sino que ahora ni siquiera le paga la pequeña cantidad que decidió mantenerle. La situación empieza a ser desesperada y el presidente, Guillem Ramon, no se anda por las ramas: “Si no nos pagan, tendremos que cerrar”.

La Afam nació en 1994 a partir de las inquietudes de 22 familias que tenían a su cargo a enfermos de Alzheimer. En un primer momento, su objetivo era el de orientar a los familiares y divulgar las características de esta enfermedad, que en aquel entonces aún era considerada por algunos como algo que se debía guardar con discreción en el entorno familiar. Hoy, la Afam tiene 650 socios en Mallorca y ha agrupado a través de la federación con Menorca y las Pitiüses –la Faib– a un total de 1.500 familias. Además, forma parte de la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa).

Los problemas económicos de la Afam tienen dos vertientes. La primera tiene que ver directamente con la crisis económica y la incapacidad del Govern para pagar el dinero que adeuda. Muchas asociaciones que prestan servicios a colectivos con problemas se están viendo ahogadas por las deudas ante los impagos de la administración balear, que parten de la Tesorería del Govern. El dinero líquido escasea y eso se nota a la hora de pagar las subvenciones y cantidades comprometidas.

El segundo problema reside en las diferencias de criterio entre el anterior Govern y el actual. El crecimiento de la Afam llegó con el Ejecutivo de Jaume Matas y más concretamente con la decisión tomada por la entonces vicepresidenta Rosa Estaràs de dotar a esta asociación de 100.000 euros anuales para desarrollar sus servicios, teniendo en cuenta que la administración no tenía capacidad para prestarlos. (Fuente: elmundo.es 13/10/09)