Asociación de Internautas aboga por concienciar a los padres de los peligros que conlleva la inseguridad en la Red

La Asociación de Internautas abogó hoy por concienciar a los padres de los “peligros” que conlleva la inseguridad en la Red, e indicó que si éstos no son capaces de formar a sus hijos en el buen uso de Internet, “seguramente están fallando como educadores”.

La directora de Agenda Activa, Blanca Fernández-Galiano, destacó que el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen cobran mayor importancia cuando los afectados son menores de edad, por lo que la solución, a su juicio, radica en la educación en estos valores, lo que se consigue “transmitiendo y contagiando convicciones y valores de conducta”.

En este sentido, explicó que Internet es una herramienta “muy valiosa” que aporta por un lado, “grandes ventajas y oportunidades” en un lugar donde todas las puertas están abiertas, pero por el otro, este espacio indefinido implica que los menores puedan entrar en sitios donde pueden aprender “mucho y malo sobre temas que en absoluto son adecuados para su edad”.

Y es esta facilidad para acceder a sitios “poco recomendables” se escapa al control de los padres y educadores sin que, “a menudo, sean conscientes de ello”. Por ello, Fernández-Galiano insiste en la concienciación como “algo prioritario” a través del cual enseñar a los menores el valor de sus datos como algo “inherente” a su persona.

Asimismo, el panorama actual de Internet es que se dispone de un inmenso espacio donde concurren tres elementos fundamentales: que la información fluye sin apenas barreras, puesto que se puede encontrar información desde “interesantísimos libros o documentales” hasta “peligrosísimas explicaciones sobre cómo fabricar una bomba o cómo hacer cocaína”; los delitos que se producen en la Red, como atentar contra el honor o la intimidad colgando determinados vídeos en youtube; y la comunicación, donde a través de las redes sociales la comunicación se ha vuelto internacional además de no saber quién se esconde detrás de cada nick.

Finalmente, Fernández-Galiano aseguró que los menores de edad y adolescentes son la capa social “más desprotegida” frente a dichas amenazas por la fácil obtención de los datos personales, “cedidos continuamente y a menudo sin ningún pudor”; la mayor vulnerabilidad ante la publicidad engañosa, puesto que los niños son un “blanco fácil”; además de que son usados para obtener información adicional, como por ejemplo, sobre otros miembros de su familia. (fuente: europapress.es 17/11/09)

La Asociación de Internautas pide al Defensor del Pueblo que investigue la interceptación de las comuniciones

La Asociación de Internautas, tras haber interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea, frente a la normativa española que regula la interceptación de las comunicaciones, plantea ahora las deficiencias del sistema informático que las ejecuta, en especial traslada al Defensor del Pueblo sus dudas respecto a la constitucionalidad del anonimato de los responsables directos de los Centros de Interceptación de las Comunicaciones, y de los propios Centros, la ausencia de controles democráticos, la falta de información a la opinión publica, la falta de garantías en relación con la autenticidad de la información que se aporta a las autoridades judiciales, la conservación de la información en los centros de Interceptación después de entregarse a la autoridad judicial, la falta de formación de los jueces y fiscales en esta tecnología, etc. En definitiva, por la ausencia de controles democráticos y judiciales efectivos.

España ha sido condenada ya en dos ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Valenzuela Contreras -S. de 30 de julio de 1998- y caso Prado Burgallo -S. 15 de febrero de 2003-), por no ajustar sus previsiones legales a las exigencias mínimas de una sociedad democrática en materia de secreto de las comunicaciones, y en esta ocasión, la Asociación de Internautas quiere resaltar y poner en conocimiento de la opinión publica, el secretismo que ha presidido todo lo relativo a SITEL, así como la oscuridad e ínfimo rango normativo de las disposiciones que lo regulan, contraviniendo lo que ya dijera el TEDH en la primera de las sentencias citadas, según la cual el derecho interno debe usar términos lo suficientemente claros y diáfanos para que cualquier persona pueda entender en qué circunstancias, y bajo que condiciones, los poderes públicos pueden adoptar tales medidas, cosa que hoy por hoy no ocurre con la normativa reguladora de SITEL.

Desde el principio la existencia de SITEL ha sido disimulada tras un Reglamento, y ocultada mediante disposiciones normativas como la Orden de Presidencia del Gobierno (Orden PRE 1575/2005 de 15 de abril), firmada por Mª Teresa Fernández de la Vega, que evitaban todo tramite de información publica y permitían que disposiciones de ínfimo rango normativo fueran base legal del mismo. Así, y siguiendo esta política de ocultismo, a la reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones de 19 de junio de 2009, se presentaron sendos proyectos de Ordenes Ministeriales, mediante los cuales se regularon las ?Interfaces de interceptación? de SITEL, en desarrollo de un precepto reglamentario, que fue derogado por una Ley posterior. Se trataba de eludir los trámites de información pública y, el dictamen del Consejo de Estado, cuestión esta que ya fue denunciada por la Asociación de Internautas ante el referido organismo asesor.

En el Informe que ahora se dirige al Defensor del Pueblo, se destaca que SITEL es una tecnología absolutamente incontrolada ya que:

1º Salvo que el juez expresamente lo excluya se aportan una serie de datos altamente sensibles que afectan a la intimidad personal y también a terceros, como la localización.

2º Se ignora el procedimiento mediante el cual se formaliza y concreta la entrega de la información (la interfaz de entrega de la información esta sin autorizar).

3º Se permite la entrega de datos considerados como datos personales a la Policía, ?agentes facultados?, sin necesidad de autorización judicial.

4º No se aporta certificado digital de autenticidad de los archivos contenidos en el disco. Ya que no existe entidad expedidora de tales certificados, por lo que no existe garantía de quien expide el disco es quien dice ser.

5º No existe firma digital del disco entregado: por lo que no existen garantías de que no se produzca ninguna manipulación de la información. Téngase en cuenta, que son ficheros digitales y por consiguiente, se pueden, cortar, pegar y cambiar.

6º La información no esta encriptada, por lo cual si cae en manos no deseadas se puede acceder a su contenido sin dificultad

7º Se desconoce quienes son los responsables de la grabación y los medios técnicos empleados

8º No existe constancia ni certificación algún sobre que se haya producido un volcado de los archivos obrantes en los servidores centrales y la destrucción de cualesquiera otros archivos de forma que se garantice que los únicos archivos que existen son los entregados al juez (la Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, que en su articulo 35, referido a las interceptaciones legales impone la obligación de destruirlas).

9º En definitiva al no tratarse de cintas originales sino de archivos digitales replicados no se toman precauciones, para comunicar intactas y completas las grabaciones realizadas, con el fin de un eventual control por el juez y por la defensa; tampoco se tiene en cuenta las circunstancias en las cuales puede operar la destrucción de las cintas especialmente, a partir de no haber lugar a su incorporación, el archivo o una desestimación.

Todas estas garantías se hacen mas necesarias a medida que se multiplican y perfeccionan los medios técnicos que permiten acceder a las comunicaciones, como es el caso de SITEL, así pues el derecho debe ofrecer protección contra los atentados arbitrarios por parte del poder publico a los derechos garantizados, pues el peligro aparece con claridad singular allí donde el poder del ejecutivo se ejerce en secreto (TEDH: caso Koop).

Nadie pretende que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. (fuente: web asociación de internautas, 23-09-09)

El 70% de los internautas se cree los bulos

Un 70% de internautas tiene dificultades para detectar un bulo en la Red. Por segundo año consecutivo la Asociación de Internautas ha presentado un estudio sobre los rumores en Internet donde se pone de manifiesto la cantidad de españoles que no sabe distinguir entre un rumor falso y una noticia veraz en la red. La cifra crece. En 2008, el porcentaje de internautas crédulos era del 60%.
Para distinguir una noticia veraz de un bulo (hoax, en inglés), el 33% de los internautas coincide en señalar que la clave es que la fuente de la información esté identificada. Además para el 21% de los encuestados la incorporación de los datos de un estudio de una fuente mencionada da mayor veracidad a la información publicada. Para el 12% la confianza reside en el remitente de la información. Las fuentes más fiables para los internautas siguen siendo las versiones online de la prensa convencional con un 3,37 de puntuación (sobre cinco puntos). Siguen los diarios digitales que reciben 3,14 puntos, la radio con un 2,9 y la televisión con un 2,4. Por el contrario, el 55% de los internautas señalan a los foros como principales creadores de rumores en el entorno digital, seguidos por los blogs (19%).

Los foros (36%) y el correo electrónico (32%) son los principales canales de propagación de las informaciones falsas. Un 46% de los internautas cree que los rumores se difunden para generar alarma social y un 33% achacan su difusión a la intención de perjudicar la imagen de un competidor. La política, la sanidad y la alimentación son los temas más recurrentes y reenviables sobre los que suele tratar el rumor. Así, en el 26% de los encuestados menciona la política mientras que el 19% destaca la sanidad y la alimentación. La mayoría de internautas afirma que recibe entre 3 y 8 noticias falsas al mes. La noticia sobre la eliminación de la cuenta de Hotmail en caso de no reenviar un email es el bulo que más recuerdan los internautas (7 de cada diez), seguido del que incluye argumentos contra los beneficios de Actimel, que han recibido 5 de cada 10 encuestados. Las pruebas médicas que prueban la toxicidad de Red Bull, la fortuna compartida por Bill Gates y cómo sobrevivir a un infarto tosiendo son otras de las mentiras más propagadas por Internet. El estudio incluye una serie de pautas para distinguir un bulo de una noticia entre las que destacan el hecho de que están redactados de forma intemporal y no citan fuentes. En el caso de que se transmitan por correo, solicitan su reeenvío. (Fuente: elpais.com, 02.03.2009)

El Gobierno investigará si González-Sinde incurre en conflicto de intereses

Abren el procedimiento a raíz de una denuncia de la Asociación de Internautas.

La Oficina de Conflicto de Intereses ha abierto expediente sancionador contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por supuesto “conflicto de intereses”.

El procedimiento se ha puesto en marcha a raíz de una denuncia de la Asociación de Internautas por la concesión de ayudas a empresas y sociedades de la industria del cine en las que la ministra o sus familiares “tienen intereses”.

La apertura del expediente se ha abierto en virtud del Real Decreto 432/2009 de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administracción General del Estado.

Además, la Asociación de Internautas ha ampliado la denuncia contra González-Sinde, debido a que “recientemente han sido publicadas en el BOE nuevas ayudas a la industria cinematográfica, otorgadas por el Ministerio de Cultura, y que vienen a completar el listado ya conocido a través de la denuncia que ahora se viene a ampliar, es decir, que podrían ser consecuencia de un grave conflicto de intereses”. (Fuente: elmundo.es, 24.06.2009)