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El sobrecoste brutal de la atención a los discapacitados
Miembros de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) en la Comunidad Valenciana han denunciado el “sobrecoste brutal” que supone para las familias la atención de estos discapacitados, cifrado entre 20.000 y 31.600 euros al año. FEAPS-CV ha presentado el ‘Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008′, en el que se cuantifica el tiempo que dedica una familia a la atención del afectado o los costes destinados a material ortopédico, ropa, higiene, transporte o copago de servicios. En Valencia hay actualmente unas 18.000 personas con discapacidad intelectual, de las cuales el 31% es del nivel 1 o ligero, el 46% del nivel 2 o moderado y el 23% del nivel 3 o severo. En el caso de la Comunidad Valenciana, este sobreesfuerzo económico oscila entre los 20.000 y los 31.600 euros anuales dependiendo del grado de discapacidad que tenga el afectado, cifras que superan la media nacional, estimadas entre 19.000 y 31.000 euros. En esta región, un afectado de grado ligero supone un sobrecoste de 13.598 euros al año, el de grado moderado de 13.235 euros anuales, el afectado de grado severo en residencia cuesta a la familia 17.686 euros al año y en el caso del severo en el hogar la cifra asciende a 35.781. “En la actual situación económica, estos datos demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que soportan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual”, ha asegurado Juan Cañizares, miembro de la junta directora de FEAPS-CV. Cañizares ha señalado que frente a estas cifras no existe una “compensación clara” por parte de la Administración Pública para compensar el déficit de las familias. Según el miembro de la FEAPS-CV, “no estamos mendigando ayudas ni limosnas, sino que la sociedad destine recurso reales para que los discapacitados tengan derechos civiles como cualquier otra ciudadano”. Juan Cañizares ha denunciado que los discapacitados intelectuales se encuentran en una “situación sangrante, cobran pensiones de miseria, los servicios se dan con cuentagotas y la situación de crisis económica les afecta más negativamente que al resto”, a lo que hay que añadir “que se les pretende cobrar una serie de servicios que no se cobra a otros sectores de la población”. “Así como si una persona necesita ser atendida en el sistema público de salud no realiza ningún copago previo, tampoco en la atención a la dependencia se le debería exigir a una persona discapacidad intelectual”, asegura la asociación. Por ello, desde FEAPS-CV piden a la Administración la firma de convenios estables de dos o tres años “para poder contar con recursos claros, contemplados en los presupuestos y con sus correspondientes subidas del IPC, para gestionar los servicios con garantías”. Según Cañizares, muchos de los voluntarios que han sido formados por el tejido asociativo familiar se están yendo al sector privado, y ha indicado que por ello pretenden que la Administración compruebe que dan “la calidad y la atención directa que quieren los usuarios”. (fuente: elmundo.es 3/11/09) 
Aspaym CyL acoge el 16 en Valladolid una sesión sobre la convención para la defensa de los derechos de discapacitados
La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados (Aspaym) de Castilla y León acogerá el próximo viernes, día 16 de octubre, en su sede en Valladolid una sesión sobre la Convención de la ONU para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La cita, organizada por el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de personas con discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) tendrá lugar a las 9.30 horas en la Residencia de Aspaym CyL y estará presidida por la gerente regional de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos Ortega, y por la presidenta del Cermi de la Comunidad, Simona Palacios Antón, según informaron a Europa Press fuentes de la Asociación. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. En la actualidad 191 países se han adherido a la convección que se celebró por el organismo como “el primer gran tratado sobre los derechos humanos del siglo XXI” y que propuso “promover, proteger y asegurar a las personas discapacitadas el completo disfrute de los derechos humanos y sus libertades”. Asimismo, la cita subrayó la necesidad de que los países “se abstengan de practicar discriminaciones” hacia los discapacitados y se comprometan a asegurar su “completa inclusión en la sociedad” para garantizarles así una verdadera “igualdad de oportunidades”. El Cermi señaló que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que aprobó la Asamblea General de la ONU servirá para “acercar los derechos humanos a las personas con discapacidad, un grupo ciudadano especialmente expuesto a violaciones y discriminaciones”. “Las personas con discapacidad no tienen derechos especiales, distintos de los derechos de los demás seres humanos, pero es un hecho comprobado que no les alcanzan con la misma intensidad que a la población sin discapacidad, por lo que era necesaria una Convención temática centrada en la garantía y protección de las personas con discapacidad”, afirmó el Cermi. El Comité está formado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE CyL), la Federación de Padres y Amigos de Personas Sordas (Fapas CyL), Federación de Familiares y Enfermos Mentales, (Feafes CyL), Federación Española de Instituciones de Síndrome de Down en Castilla y León (Feisd), Federación de Asociaciones de Personas con Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines (Aspace CyL), Federación de Asociaciones de Personas Sordas (Fapscl), Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Psíquica (Feaps CyL), Plataforma Representativa de Minusválidos Físicos (Predif), Federación de Laringectomizados (Fecalel), Federación Autismo (Facyl) y Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe). (fuente: Europapress 14/10/09) La Junta ultima dos leyes sobre los derechos de los discapacitados
La Junta de Castilla y León ultima dos proyectos de ley relacionados con “la situación y el reconocimiento de los derechos” de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma, ha anunciado el presidente del gobierno regional, Juan Vicente Herrera. En declaraciones a los periodistas al inicio de la marcha organizada por Aspanias con el objetivo de recabar fondos para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y sensibilizar sobre su situación, Herrera ha asegurado que antes de acabar esta legislatura saldrá adelante un proyecto de ley de igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad. Otro “pilar” para la mejora de la atención a estas personas será, según el presidente del Gobierno regional, el proyecto de ley de servicios sociales y atención a las dependencias “que va a elevar a la categoría de ley algunos derechos reconocidos en el Estatuto de autonomía de Castilla y León en relación con las personas con discapacidad. Herrera ha adelantado que en ese proyecto de ley se incluirá el “derecho a la atención temprana de los niños que padezcan o puedan padecer algún tipo de discapacidad”. El presidente de la Junta de Castilla y León ha recordado que las personas con discapacidad merecen “toda la dignidad y la atención” y ha destacado la importancia del movimiento asociativa para avanzar en la dirección de lograr “la plena integración y autonomía personal de estas personas”. En este sentido, ha recordado que la Junta de Castilla y León viene prestando un especial apoyo al conjunto del tejido asociativo de la comunidad agrupado en la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), con una aportación de 40 millones de euros este año. Para Herrera, dentro de ese tejido asociativo, Aspanias, que recibe el 10% de las aportaciones del gobierno regional a estos colectivos, “representa el tránsito que se ha producido en los últimos años entre el esfuerzo pionero de las familias a lo que hoy es una atención profesional y de calidad a las personas con discapacidad”. Herrera ha recordado que Aspanias es una asociación de la que forman parte mil quinientas familias, con más de dos mil quinientos socios colaboradores, y que atiende a más de 700 personas en 20 centros especializados de toda la provincia de Burgos para todos los tramos de edad de un colectivo que “está envejeciendo gracias a la mejora de la atención, lo que hace que surjan situaciones nuevas”. (Fuente: Elmundo.es/EFE/Burgos, 21.06.2009)
El caro día a día de las familias con discapacitados intelectuales
Más de 227.000 personas sufren discapacidad intelectual en España. Los hogares de estos enfermos asumen un sobreesfuerzo económico de entre 19.000 y 31.000 euros anuales.
Algo más de 227.000 personas con discapacidad intelectual viven en España. No todas ellas cuentan con el mismo grado de enfermedad, sino que el 31% presenta un perfil leve, el 45,5% moderado y el resto de casos, un total de 53.346 se asocia con severos –7.752 residen en centros y 45.594 viven con sus más allegados–. La familia se convierte en la piedra angular de estos enfermos, ya que, en conjunto, el 87% de ellos vive en el hogar, mientras que el 13% restante lo hace en centros asistenciales Y es que un discapacitado requiere horas de dedicación, implica gastos añadidos en salud, desplazamientos, además de pérdidas de oportunidades de empleo, tanto para el propio enfermo como para sus más cercanos. Todos estos factores están contemplados en el Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008 elaborado por la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) y patrocinado por Endesa, que se presentó ayer. Agravio económico El índice utilizado en el informe trata de cuantificar en euros no sólo el gasto corriente extra en discapacidad, sino las horas añadidas de dedicación no financiadas por ninguna Administración, además de los costes de oportunidad del individuo. Las prestaciones de las Comunidades Autónomas no son homogéneas, sino que las diferencias oscilan entre los 2.700 y los 5.800 euros anuales, según el grado de discapacidad. Si para complementar el esfuerzo financiador de la Administración, una familia con un discapacitado intelectual en su hogar tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de él y asumiese los desembolsos directos que acarrea la enfermedad debería abonarle de media 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 1.800 euros mensuales, según el informe. Así, para un grado de discapacidad leve, las familias gastan 11.920 euros anuales; para uno moderado, 12.493 euros; para uno severo que viva en una residencia, 17.161 euros; y para uno severo que resida en el hogar, 35.507 al año. Albor destacó que “aunque en los últimos años se ha avanzado en políticas sociales, y esperemos que a pesar de la situación actual sigamos mejorando, las familias de discapacitados intelectuales siguen soportando un excesivo esfuerzo”. El director técnico del estudio destacó la desatención que padecen sobre todo los casos de familias con hijos con discapacidad leve, ya que al necesitar sólo de apoyos intermitentes, están excluido del derecho a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Además de esta norma, Albor reclamó la necesidad de desarrollar una política específica para quienes sufren de discapacidad intelectual..(expansion.com, Publicado el 15-04-2009 , por Rosario Fernández)
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