Así lo explicaron en rueda de prensa los representantes de algunas de las entidades firmante del manifiesto, como la Asociación América España Cooperación y Solidaridad (AESCO), la Federación Estatal de Inmigrantes y Refugidos en España (FERINE) o la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes (CEI).

Según explicó el presidente de ADESCO, Juan Carlos Rois, los firmantes piden, entre otros cambios, que se garantice la asistencia jurídica gratuita, se reconozca sin condiciones el derecho a la educación pública, se permita el empadronamiento de los irregulares y se establezca un sistema flexible de reagrupación familiar.

“Es posible hacer las cosas de otra manera y conseguir una ley justa de avances y garantías sociales”, señaló Rois, que añadió que todas las esperanzas están puestas ahora en los grupos parlamentarios en cuya mano está la modificación definitiva del texto propuesto por el Gobierno.

En este sentido, dijo haber encontrado “receptividad” ante las demandas del colectivo de inmigrantes, aunque las entidades seguirán organizando actos de protesta, difusión y manifestaciones para garantizar que sus peticiones, al menos, sean escuchadas.

Además de la marcha inmigrante que unos cien extranjeros están realizando a pie entre Barcelona y Madrid, y que culminará en la capital el día 25, las entidades tienen previstas marchas en varias ciudades españolas para el fin de semana del 17 de octubre. “Si no nos manifestáramos, estaríamos amparando una ley que restringe derechos”, apuntó el portavoz de las Asociaciones de Bolivianos, Víctor Hugo Ordóñez.

Las protestas también servirán para exigir que no se amplíe a 60 días, como está previsto, el plazo de internamiento de extranjeros previo a la expulsión, y para pedir al Gobierno que no relacione inmigración y delincuencia y elimine el “tufillo policial” que, según el portavoz de FERINE, Víctor Sáiz, impregna toda la reforma. (Fuente: Europapress 08/10/09)